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Los Recursos Administrativos y Contencioso-Administrativos

Existen dos categorías de recursos que pueden ser ejercidos con relación a los actos y operaciones de la Administración: los recursos administrativos y los recursos contenciosos.

Los recursos administrativos, son los medios de que disponen los interesados para obtener por la vía administrativa la reconsideración de aquellos actos que estimen contrarios a la ley, la equidad o la conveniencia colectiva. Los recursos administrativos son dos: el de reconsideración o reposición, o sea, la solicitud dirigida al propio autor del acto impugnado para que lo revoque o modifique, y el recurso jerárquico, o sea, la solicitud dirigida al superior, para que revise la decisión impugnada y la revoque o modifique.

Por el contrario, los recursos contenciosos son los medios de que disponen los interesados para someter ante un tribunal, en la forma legal, una pretensión jurídica, con la finalidad de que ésta sea satisfecha mediante una sentencia. Estos recursos se denominan contenciosos, porque en todos ellos, hay siempre un emplazamiento en virtud del cual quedan enteradas del procedimiento intentado todas las personas interesadas en oponerse a la pretensión del actor, y en hacer valer en el juicio sus puntos de vista. En principio, estos recursos provocan una contención.

Los recursos contenciosos, se plantean ante órganos jurisdiccionales, eso es, ante tribunales. El recurso contencioso, se puede fundar únicamente en infracciones de reglas de derecho. Las facultades del órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contencioso son limitadas, y en ningún caso puede incurrir en ultrapetita, esto es, no puede conceder más de lo pedido por el recurrente. El pronunciamiento que se emite en relación con un recurso contencioso es una sentencia, provista de la autoridad de la cosa juzgada.

Principios Fundamentales del Derecho Público

El Derecho público es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas y entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público cuando estos últimos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades públicas (jurisdiccionales, administrativas, según la naturaleza del órgano que las detenta) y según el procedimiento legalmente establecido, y de los órganos de la Administración pública entre sí.

 En términos genéricos, se puede entender por principios fundamentales aquellos que, al caracterizar a una cosa, le dan de alguna manera su naturaleza específica.

Son principios fundamentales del Derecho Público, aquellas normas que por su naturaleza especial están destinadas a servir de conceptos básicos de esta “rama del saber jurídico” y que la diferencian de otros principios generales del Derecho aplicables en el campo del Derecho Privado.

Ahora bien, los principios del Derecho público pueden variar de un Estado a otro. Sin embargo, la doctrina jurídica moderna ha establecido dos de manera prácticamente unánime: el principio de legalidad, es decir, someter al Estado al cumplimiento del ordenamiento jurídico, y todos los principios para el mantenimiento del desenvolvimiento del Estado democrático, es decir, que permitan la mayor realización espiritual y material posible.

Tradicionalmente los principios de Derecho Público se suelen contraponer con los principios de autonomía de la voluntad y de igualdad de partes del Derecho Privado.

En Venezuela, las Leyes de la República se han encargado de definir estos principios que apuntan al ejercicio del Poder Público, básicamente la Carta Fundamental en el Título IV, Capítulo I (De las Disposiciones Fundamentales). Los más importantes de estos principios son:

Principio de legalidad

Es un principio fundamental del Derecho Público conforme al cual todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción. Por esta razón se dice que el principio de legalidad asegura la seguridad jurídica.

 Se encuentra establecido en el Artículo 137 de la Carta Magna venezolana, y es el principio según el cual toda actividad del Estado debe estar conforme con el Derecho del Estado.

 Bracho (2000), se refiere al principio de legalidad como “una consecuencia de la noción general de Estado de Derecho y establece una relación que algunos autores denominan auto vinculación: sujeción de las autoridades a sus propias normas”. (p. 64).

Además de consecuencia, constituye el pilar fundamental del Estado de Derecho y quien más directamente lo garantiza, siendo en gran medida los otros principios, sus subordinados lógicos, pues sin esta legalidad no podrían funcionar.

La consecuencia fundamental del principio de la legalidad es la nulidad o anulabilidad de los actos contrarios a la legalidad.

Lares (citado en Bracho, 2000), acota que la legalidad para el Derecho Público tiene un doble significado, a saber:

En sentido estricto: Sumisión de todos los actos estatales a la Ley, a la Legislación en sentido lato: la Constitución, las leyes y Reglamentos.

En sentido amplio: Sometimiento de los actos individuales y concretos, provenientes de una autoridad a las normas generales y abstractas, previamente decididas, sean o no de origen legislativo e inclusive provenientes de la misma autoridad; se le consagra en el Artículo 13 de la Ley Orgánica de procedimientos Administrativos.

Presunción de Legalidad de los Actos del Poder Público

 En tanto no se demuestre la invalidez de un acto administrativo, tendrá pleno valor y producirá todos sus efectos, como si realmente estuviera perfectamente ceñido a las normas legales. Es una presunción iuris tantum, es decir, que admite pruebas en contrario, su establecimiento obedece a razones de orden práctico, para garantizar el funcionamiento de las actividades públicas.

De acuerdo a la doctrina, sólo puede sostenerse esta presunción cuando reúne condiciones mínimas de legitimidad.

Debiendo el acto:

-Venir de una autoridad legítima.

-No estar expresamente proscrito por la Constitución o las leyes.

-No ser de ejecución imposible.

-No implica la realización de un delito. No haber sido dictado por autoridad manifiestamente incompetente.

-No haberse apartado totalmente del procedimiento legal.

 

 Principio de Competencia

Se encuentra definido en la Constitución en su Artículo 137, cuando dispone: “La Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”.

 Se entiende como la aptitud legal de los órganos del Estado, o en palabras, como el conjunto de facultades, de poderes y de atribuciones que le han sido legalmente asignadas para actuar en sus relaciones con los otros órganos del Estado y con los particulares.

Concede una facultad, pero establece una obligación y un límite dentro del cual puede actuar el órgano.

 

Caracteres de la Competencia según Brewer

-Requiere texto expreso, esto es, no puede ser deducida o extrapolada, debe ser establecida directamente en una norma.

-Está regulada por normas de orden público, es decir, no puede su ejercicio ser convenido a tenor de la noción de orden -público del Código Civil. “Artículo 6: No pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden público o las buenas costumbres”.

-Pueden establecer una mayor o menor libertad sobre la oportunidad o conveniencia de actuar (discrecionalidad).

-No puede ser libremente delegada en un funcionario inferior, se requiere que la Ley permita o autorice esa delegación.

 Factores Condicionantes de la Competencia

Territorio: Circunscrita a un ámbito territorial determinado. Se es competente en un determinado lugar; Por ejemplo: Municipio Lagunillas.

Materia: Forma normal de la determinación, conjunto de actividades, tareas o sectores, que la Ley asigna a un órgano del Estado. Se es competente en determinada materia; Por ejemplo: la materia penal.

Grado: Hay competencia según el nivel. Se es competente dentro de una jerarquía.

Tiempo: Las competencias pueden ser temporales. Se es competente durante el período del ejercicio.

 

 El Principio de Jerarquía

Es el principio con base en el cual la estructura de los órganos del poder público es piramidal, existiendo en la cima un órgano supremo que tiene poderes absolutos de dirección y vigilancia.

Implica para el órgano superior el poder de:

Dar órdenes en forma específica o general mediante instrucciones y circulares.

Emanar directivas para la orientación de su actividad.

-Vigilar sobre todos los actos de sus subordinados.

Abocarse en previsión de la inercia.

-Sustituirse al órgano inferior en la hipótesis de inercia del mismo.

-Delegar al órgano inferior un acto que entra en su competencia, dentro de lo que la ley le permita.

-Anular o modificar motu proprio (iniciativa propia) o a instancia de parte, los actos de los órganos inferiores reconocidos ilegítimos o inoportunos.

-Resolver los conflictos de competencia de los órganos inferiores.

 

 El Principio de Responsabilidad del Estado

 Se distingue en Derecho Público, el derecho que pueden tener los particulares por daños y perjuicios que le hayan sido causados por la responsabilidad del Estado, es decir, por la actuación ilegítima del Estado, de la Administración, de aquella otra que es debida por el Estado al titular de ciertos derechos que ceden ante el ejercicio legítimo de una potestad administrativa.

La Constitución de la república Bolivariana de Venezuela establece claramente el principio como una de sus bases constitucionales en el Artículo 6 “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”.

Establece las condiciones en las que ésta procede:

Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.

Fija los mecanismos para la expropiación de bienes particulares:

Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce o disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.

Determina la responsabilidad por actos administrativos que lesionan situaciones jurídicas subjetivas: Artículo 140. “El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública”.

 

Principios Constitucionales

Se evidencia del TÍTULO I, de la Constitución, que señala taxativamente los  PRINCIPIOS  FUNDAMENTALES  de la  Carta Magna, los cuales están desarrollados, desde el artículo 1° al 9°. Estos  Principios Fundamentales que cita la Constitución, se reproducen de la manera siguiente: 

Son derechos irrenunciables de la Nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad territorial, y la autodeterminación nacional.

Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de Derecho, de vida, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad social, Derechos humanos, ética, y pluralismo político.

El Estado tiene como fines esenciales la defensa y desarrollo de la persona, respeto a su dignidad, al ejercicio democrático de la voluntad popular, sociedad justa amante de la paz, prosperidad y bienestar del pueblo.

La República es un Estado federal descentralizado, de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia, y corresponsabilidad.

La soberanía reside en el pueblo, (….) Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

El gobierno y las entidades políticas, son y serán siempre: Democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo,  responsable, pluralista, y de mandatos revocables.

Del estudio y análisis a los –Principios Fundamentales de la Constitución- se verifica, que los mismos se encuentran totalmente plasmados en la serie de artículos contenidos en el texto Constitucional. Artículos éstos, que literalmente los convierten en Reserva Democrática Constitucional, y que no podrán ser alterados, sin poner en peligro los postulados del sistema democrático de la República.

La jerarquía normativa es un principio del ordenamiento jurídico, que impone la subordinación de las normas de grado inferior a las de rango superior. Jerarquía es el orden de los elementos de una serie según su valor.

 

El Principio de Especialidad: Según el cual cada órgano debe actuar dentro de sus propias competencias.

La jerarquía superior que acuerda la Constitución a las normas de las leyes orgánicas sobre las leyes ordinarias se antepone a los demás principios de solución de colisión entre normas jurídicas, como son el principio de especialidad y el principio de posterioridad, a tenor de los cuales las normas especiales privan sobre las generales de igual jerarquía y las normas posteriores privan también sobre las normas anteriores de igual rango.

Los Estados como Personas Territoriales del Derecho Público

Las personas o entidades públicas se dividen en territoriales y no territoriales. En las primeras, el territorio constituye un elemento esencial, y sobre él la entidad ejerce ciertos derechos. Estas entidades juegan un papel fundamental en la división territorial del Estado.

En las entidades no territoriales el territorio no es un elemento esencial; es solamente el espacio físico donde puede la entidad ejercer su actividad.

Ahora bien, en el caso del derecho público venezolano son entidades territoriales:la República, los Estados y los Municipios, siendo los Estados los que interesan en el presente informe.

Se desprende de todo lo anterior que los Estados de la unión venezolana  no son simples divisiones geográficas y administrativas dela República, cada uno de ellos tiene personalidad jurídica, es decir, es un sujeto de derecho, lo que significa que cada Estado tiene capacidad jurídica para adquirir bienes y toda clase de derechos, para contraer obligaciones y comparecer en juicio, como demandante y como demandado.

Los estados son las entidades políticas que componenla Nación, señaladas en el ordinal 1º del artículo 19 del Código Civil, en la enumeración de personas jurídicas. Es por ello que los Estados son, personas jurídicas públicas.

Asimismo,la Constitucióndela República Bolivarianade Venezuela, establece en su Artículo 16 que “Con el fin de organizar políticamentela República, el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales. El territorio se organiza en Municipios”.

Soberanía y Autonomía

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159 dela Constitución, los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena, y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional.

La Constituciónvenezolana dictada en1864, araíz del triunfo dela Revolución Federal, y casi todas las que la siguieron hasta la de 1936, inclusive, declararon que los Estados se reservan la soberanía no delegada expresamente en el Poder dela Unión. Entales Constituciones se acogió, pues la doctrina de la distribución de la soberanía entre el Estado Nacional y los Estados integrantes dela Unión.

Enla Constituciónactual, igual que en las de 1947 y 1953, no se habla de soberanía de los Estados. El texto constitucional se limita a proclamar la autonomía de los Estados. La autonomía consiste en la aptitud para darse sus propias normas de gobierno y administración dentro de los límites fijados por el pacto fundamental. No creemos que en ningún régimen federal pueda hablarse con propiedad de la soberanía de los Estados, ya que es rasgo esencial del federalismo que los Estados se den sus propias instituciones, sin intervención del poder central, pero con sujeción al pacto federal, y esto último basta para descartar la idea de soberanía.

Reparto de Competencias

En el Estado Federal, escribe Linares Quintana (citado en Lares, 2001), las atribuciones políticas esenciales están distribuidas o repartidas en dos órdenes gubernativas diferentes: el gobierno central y los gobiernos locales, que coexisten, armónica y coordinadamente dentro del mismo territorio.

En efecto, bajo el sistema federal, los poderes de gobierno y administración están divididos entre el gobierno nacional y los gobiernos de los Estados, por lo cual ofrece capital importancia la determinación exacta de la esfera de actividad atribuida a cada una de estas entidades. El reparto de competencias entre el poder nacional y el poder de los Estados es el problema más importante para resolver a la hora de organizar un Estado federal. Los criterios seguidos para el establecimiento del deslinde de competencias han sido los siguientes: 1º) Enumeración de todas las materias sobre las que se confiere competencia al poder nacional por un lado, y a los gobiernos estatales por el otro; 2º) Enumeración de las materias atribuidas al gobierno nacional, y reserva de los poderes remanentes a los gobiernos estatales; 3º) Enumeración de las materias que corresponden al gobierno de los Estados y reserva de las materias no enumeradas al gobierno nacional.

En Venezuela se ha acogido el segundo de los criterios expuestos, esto es, el de la enumeración de materias atribuidas al poder nacional y de reserva a los Estados de las materias no enumeradas.

Segúnla Constituciónde 1864, «los Estados que forman la unión venezolana reconocen recíprocamente sus autonomías, se declaran iguales en entidad políticas y conservan en toda su plenitud la soberanía no delegada expresamente en esta, Constitución» (Artículo 12). Esa disposición aparece corroborada por el Artículo 90 de esa misma Constitución, que expresa: «Todo lo que no esté expresamente atribuido ala AdministraciónGeneraldela Uniónen esta Constitución, es de la competencia de los Estados».

El citado principio sólo se eclipsó enla Constituciónde 1953, conforme a la cual competía al poder nacional toda materia no atribuida enla Constitucióna otros poderes (numeral 20, Artículo 60).

Enla Constituciónactual se reconoce el poder de los Estados en las materias no enumeradas, al disponer que «todo lo que no corresponda, de conformidad con esta Constitución, a la competencia nacional o municipal» es la competencia de cada Estado.

Materias de la Competencia de los Estados

Corresponde a la competencia exclusiva de los Estados, conforme al artículo 164 dela Constitución: a) Dictar su Constitución para organizar los poderes públicos; b) La organización de sus Municipios y demás entidades locales y su división político-territorial; e) La administración de sus bienes y la inversión y la administración de sus recursos, incluso de los provenientes de transferencias, subvenciones o asignaciones especiales del Poder Nacional, así como de aquellos que se le asignen como participación en los tributos nacionales; d) La organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios, según las disposiciones de las leyes nacionales y estadales; e) El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos, no reservados al Poder Nacional, las salinas y ostrales y la administración de las tierras baldías en su jurisdicción; f) La organización de la policía y la determinación de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal; g) La creación, organización, recaudación, control y administración de los ramos del papel sellado, timbres y estampillas; h) La creación, régimen y organización de los servicios públicos estadales; i) La ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las vías terrestres estadales; j) La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial; k) La competencia residual, esto es, todo lo que no corresponde, de conformidad conla Constitución, a la competencia nacional o municipal.

Organización de los Poderes Públicos

Corresponde a los Estados, organizar sus poderes públicos conforme a los principios establecidos por el pacto fundamental de la unión. El Consejo Legislativo de cada Estado dicta una Constitución y algunas leyes que la complementan en lo relativo a la organización del gobierno, tales comola Ley Orgánica de Régimen Político yla Leyde Juramento de Empleados públicos. De acuerdo conla Ley Orgánicade Descentralización anteriormente citada, el Consejo Legislativo deberá dictar leyes sobre las materias transferidas al poder de los Estados. Conviene observar que las Constituciones Estada1es son dictadas conforme al procedimiento ordinario instituido en los Estados para la formación de las leyes; por lo tanto, no existe supremacía de dichas constituciones estadales sobre las demás leyes dictadas por los Consejos Legislativos. Las constituciones de los Estados son leyes ordinarias de igual rango de las demás leyes sancionadas por dichos Consejos.

Existe, en cambio, preeminencia o supremacía dela Constitucióndela Repúblicasobre las constituciones y demás leyes de los Estados. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia declarar la nulidad total o parcial de las leyes estadales, entre las cuales quedan incluidas las constituciones de los Estados, cuando colidan conla Constitucióndela República.

Como esta Constitución traza las líneas esenciales de la organización de los poderes públicos de los Estados, los Consejos Legislativos sólo tienen competencia para desarrollar aquellos principios, nunca para modificarlos, menos aun para contrariados, de donde deriva una casi uniformidad en la organización de los poderes públicos de los diversos Estados.

 Los Poderes Públicos de los Estados

Los Poderes Públicos de los Estados son: el Legislativo y el Ejecutivo.

No hay Poder Judicial de los Estados, pues la administración de justicia corresponde, segúnla Constitución, a la competencia del Poder Nacional. Por lo tanto, los tribunales que actúan en los Estados son órganos del Poder Nacional.

Tampoco pertenece a los Estados el Poder Municipal, pues este es independiente del Poder Nacional y del Poder de los Estados. Sobre estas cuestiones elementales en algunos Estados las constituciones contienen expresiones inexactas, pues en ellas se incluyen al poder judicial y al poder municipal como ramas integrantes del poder público de los Estados.

EL GOBERNADOR COMO JEFE DEL EJECUTIVO ESTADAL Y AGENTE DEL PODER NACIONAL

En cada Estado el Jefe del Poder Ejecutivo es el Gobernador.

La Constitucióndela Repúblicaen el primer aparte del artículo 160 establece que el Gobernador será elegido por un período de cuatro años por mayoría de las personas que voten.

Para ser Gobernador se requiere ser venezolano por nacimiento, mayor de veinticinco años y de estado seglar, es decir, no ser ministro de ningún culto.

Entre las atribuciones y deberes de los Gobernadores, segúnla Constituciónde los Estados, se destacan las siguientes: nombrar y remover los funcionarios de su dependencia cuya designación no estuviere atribuida a otra autoridad, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes sobre carrera administrativa; presentar al Consejo Legislativo un informe sobre su administración durante el año inmediatamente anterior; presentar al Consejo Legislativo el proyecto de Ley de Presupuesto; ejercer la potestad reglamentaria respecto a las leyes dictadas por el Consejo Legislativo; decretar créditos adicionales; convocar al Consejo Legislativo a sesiones extraordinarias; decretar obras públicas del Estado y emprenderlas por administración directa o mediante la celebración de contratos con empresas constructoras; negociar los empréstitos que el Estado requiera para su desarrollo económico, con las limitaciones y requisitos establecidos enla Ley Orgánicadela Administración Financieradel Sector Público; crear, modificar o suprimir servicios públicos en receso del Consejo Legislativo, y previa autorización dela Comisión Delegadao Permanente, en caso de urgencia comprobada; ejercer la suprema inspección de la policía del Estado.

El Gobernador, como jefe del ejecutivo, es el jefe dela Administracióny como tal, el superior jerárquico de los órganos y funcionarios adscritos a ella.

Ahora bien, de conformidad conla Ley Orgánicade Descentralización, Relimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, en su Capítulo VI “De los Gobernadores como Agentes del Ejecutivo Nacional”, establece en su Artículo 22 que “El Gobernador, además de ser el Jefe del Ejecutivo de su Estado, es agente del Ejecutivo Nacional en su jurisdicción y como tal le corresponde:

1. Cumplir y hacer cumplirla Constitucióny Leyes dela República, y ejecutar y hacer ejecutar las órdenes y resoluciones que reciba del Ejecutivo Nacional;

2. Colaborar con el Poder Publico Nacional en la realización de los fines del estado venezolano;

3. Coordinar la acción de las diversas dependencias dela Administración PublicaNacional, Central o Descentralizada, que actúen en su jurisdicción;

4. Participar en los órganos del sistema nacional de planificación del desarrollo económico y social;

5. Participar en los órganos del sistema nacional de regionalización administrativa y actuar como agente del proceso de regionalización; y,

6. Cumplir las demás funciones que le atribuyan las leyes y le encomiende el Ejecutivo Nacional.

  

BIBLIOGRAFÍA

Lares, Eloy. (2001). Manual de Derecho Administrativo. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Consejos Estadal y Local de Planificación Pública

El Proceso de Descentralización

La descentralización desde hace aproximadamente dos décadas es un tema que ha ocupado la atención y su estudio de manera relevante con miras a lograr eficiencia y eficacia en la funcionalidad de las instituciones.

La mayoría de los países de América Latina han emprendido procesos de descentralización política, administrativa y financiera; porque esta Región no podía escapar a este proceso, precisamente por el afianzamiento de la democracia y la modernización de la Administración Pública.

La descentralización promete ampliar la democracia participativa, acercar las autoridades al ciudadano y ajustar la prestación de servicios de las comunidades.

Es innegable que hoy desde los espacios estadales y municipales se delinean mecanismos que contribuyan a democratizar las decisiones del Estado en torno a la participación y profundización de la democracia como sistema político.

A propósito Brewer (1984) (citado en Useche, ob. cit.)  ha sostenido

(…) Por ello, insistimos en partir de la formula federal para propugnar la descentralización político-administrativa del Estado, para lo cual, la Federación debe revitalizarse.

Esta revitalización, por supuesto, puede comenzar dentro de los limitados marcos de la Constitución vigente. No se olvide que éste permite al Poder Nacional transferir a los Estados y Municipios materias de la competencia nacional a fin de promover la descentralización administrativa.

La Descentralización como Política Nacional

El artículo 184 constitucional establece la descentralización de competencias estadales, municipales y la participación ciudadana:

“La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos promoviendo:

1. Participación en la Gestión de Servicios: La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad.”

Es importante mencionar la importancia que tiene el principio de la corresponsabilidad, el cual se encuentra transversalizado en el texto constitucional vigente y que ésta estrechamente vinculado a la participación ciudadana; porque implica la atención y el cuidado de la sociedad, en la cual es importante la participación comunitaria.

La corresponsabilidad, es la responsabilidad compartida independiente del género, en la atención familiar, en el trabajo, en los servicios públicos en general, en aras de satisfacer las necesidades públicas.

2. Participación en la Formulación de Políticas Públicas: La participación de las comunidades y ciudadanos y ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, asó como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción.

3. Nuevos Sujetos de Descentralización: La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales.

En este orden de ideas no puede dejarse de lado el artículo 185 del Texto Constitucional que establece el Consejo Federal de Gobierno, el cual se va a encargar de la planificación y coordinación, creación para fortalecimiento del proceso de descentralización a fin de coordinar políticas públicas que incidan en un mejor y mayor nivel de vida de la población, en la satisfacción de las necesidades públicas a través de servicios públicos de calidad; de la técnica de la planificación con rango constitucional y desarrollada legalmente, se derivan los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Pública y los Consejos Locales de Planificación Pública.

Sistema Nacional de Planificación

Puede estructurarse en los tres Niveles de la siguiente manera:

Nacional: Consejo Federal de Gobierno 

Estadal: Consejo de Planificación y Coordinación de políticas Públicas

Municipal: Consejo Local de Planificación Pública

Finalmente, debe hacerse mención a la Ley Orgánica de Planificación, la cual establece lo siguiente:

Gobernador. Artículo 24. Corresponde al Gobernador de cada estado elaborar el Plan Estadal de Desarrollo, los programas y acciones correspondientes, de conformidad con los Planes Nacionales y en coordinación con el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, con los organismos regionales y con los Consejos Locales de Planificación Pública correspondientes.

Consejo de Planificación y Coordinación. Artículo 25. Corresponde a cada Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, asegurar la coordinación y participación social en la elaboración y seguimiento del Plan Estadal de Desarrollo, así como de los programas y acciones que se ejecuten en el estado, y garantizar que los planes estadales de desarrollo estén debidamente articulados con los planes nacionales y regionales correspondientes.

Alcalde. Artículo 26. Corresponde al Alcalde de cada municipio elaborar el Plan Municipal de Desarrollo en concordancia con los planes nacionales, regionales y estadales, y en coordinación con el Consejo Local de Planificación Pública.

Consejo Local de Planificación Pública. Artículo 27. Corresponde a cada Consejo Local de Planificación Pública asegurar la coordinación y participación social en la elaboración y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo, de los programas y acciones que se ejecuten en el municipio, y garantizar que los Planes Municipales de Desarrollo estén debidamente articulados con los Planes Estadales de Desarrollo.


CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

La historia venezolana es muy reveladora de la realidad que se ha operado en el país, un centralismo galopante frente a un federalismo teórico cuyas bases están sustentadas en principios sentimentales y en la creencia de que sin tal sistema no puede haber democracia, libertad e igualdad.

La incongruencia entre las normas constitucionales sobre la organización interna de los Estados que son la de una provincia o un departamento de un Estado unitario o centralizado y la absurda idea de que es un Estado Federal descentralizado en los términos consagrados por la Constitución, que se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, trae por consecuencia lógica la falta de seriedad para con el principio federal.

Autonomía Estadal

 Base Constitucional

Apunta Arismendi (2006), que los Estados, en el sistema constitucional venezolano, son entidades autónomas e iguales. Sobre la base de su gobierno electivo y a la tradición son llamados Estados por la Constitución, en contra de toda lógica y de espalda a la realidad. Es más, hasta no hace mucho se hablaba impropiamente de soberanía de los Estados, por lo que se hizo imperiosa la necesidad de subsanar tan craso error. Los Estados son, según el constituyente venezolano, autónomos, no soberanos. Si se examina la Constitución vigente, se verá que el artículo 156 reserva a la competencia nacional casi todo lo que puede entenderse, en sana lógica, como inherente a la función legislativa de una entidad política.

En este sentido, la legislación de los estados se concretaba a las leyes emanadas de sus órganos legislativos -Asambleas Legislativas­para la organización de sus poderes públicos, lo que se realizaba con una uniformidad pasmosa.

En las materias de su competencia los Estados tienen la facultad de dictar sus propias regulaciones, pero la Constitución de la República y muchas otras leyes nacionales estatuyen los límites básicos que van a constituir en mayor o menor grado los elementos de subordinación o de sometimiento.

Atribuciones

Según los principios ya expuestos y por lo que respecta al ejercicio de las competencias propias y exclusivas de los Estados, las atribuciones de los mismos pueden enumerarse así:

Administración General

Se origina como consecuencia de la “autonomía” consagrada para los Estados por la Constitución. Tal administración comprende, entre otras cosas, la consagración del órgano administrativo correspondiente y la división político-territorial. La actividad administrativa, a su vez, conlleva a lo siguiente:

a) Nombramiento y remoción de los funcionarios y empleados de su dependencia, sin menoscabo de lo que dispongan las leyes sobre carrera administrativa;

b) Presentación al Consejo Legislativo y al Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas de un informe de su gestión;

c) Rendir anual y públicamente cuenta de su actuación ante el Contralor del Estado;

d) Presentación al Consejo Legislativo del Proyecto de Ley de Presupuesto del Estado.

Administración Financiera

Los Estados, como entidades políticas autónomas, para el financiamiento de cada uno de sus gobiernos y para atender a los otros gastos públicos estadales, han de organizar seriamente su esquema de los recursos que configuran su régimen rentístico. Por esta razón, tienen como facultad la administración de sus bienes y de los ingresos procedentes de su patrimonio; la inversión del situado constitucional; las tasas por el uso de sus bienes y servicios; las multas y sanciones; el producto de lo recaudado por concepto de ventas de especies fiscales; y los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que se les asigne o por ley nacional, con el fin de promover el desarrollo de las haciendas públicas estadales, con sujeción a ciertas normas contraloras establecidas en la Constitución de la República.

Tanto la administración de sus bienes, como la inversión del situado y demás ingresos que le corresponden por la Constitución, así como el control de esas actividades requiere, dentro de la organización estadal, de un conjunto de normas legales (legislación fiscal) y de una organización técnica estadal apropiada, la cual, en líneas generales, se estructura al igual que la Hacienda Pública Nacional.

a) Contraloría del Estado

En cada Estado hay una Contraloría que goza de autonomía orgánica y funcional y que ejerce conforme a la Constitución y a la ley, el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes estada les, sin que ello signifique menoscabo de las funciones que sobre los Estados, tiene por mandato constitucional, la Contraloría General de la República. Su actuación está bajo la dirección y responsabilidad de un Contralor, cuyos requisitos para el ejercicio de dicho cargo son determinados mediante una ley, lo que busca garantizar la idoneidad e independencia de tal funcionario, así como su neutralidad en cuanto a su nombramiento que ha de realizarse por medio de un concurso.

b) Consejo de planificación y Coordinación de Políticas Públicas

La Constitución vigente consagra para cada Estado un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, que preside el Gobernador y la integran los alcaldes, directores estadales de los ministerios y los representantes de los legisladores electos por el Estado a la Asamblea Nacional, de los concejales y de las comunidades organizadas, incluso las indígenas, cuando existan. Su funcionamiento y organización lo determina la ley.

Ahora bien, en la Ley de Los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, se desarrollan los principios y organización de estos consejos, primeramente debe indicarse que el objeto de dicha Ley, según su artículo 1º, es:

La creación, organización y establecimiento de competencias del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas que funcionará, en cada Estado, como órgano rector de la planificación de las políticas públicas, a los fines de promover el desarrollo armónico, equilibrado y sustentable.

Principios

Los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas se regirán por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley, actuarán de acuerdo con los principios de justicia social, democracia, eficiencia, protección del ambiente, corresponsabilidad, integridad territorial, productividad, solidaridad, cooperación y desarrollo sustentable. (Art. 2)

Composición

Los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas estarán integrados por:

1. El Gobernador o la Gobernadora, quien lo presidirá.

2. Los Alcaldes o las Alcaldesas de los municipios que formen parte del Estado.

3. Los Directores o las Directoras estadales de los ministerios que tengan asiento en el Estado.

4. Una representación de la Asamblea Nacional, elegida por y de entre los diputados nacionales electos en la circunscripción del Estado, equivalente a un tercio del total de los mismos.

5. Una representación del Consejo Legislativo Estadal equivalente a un tercio de los miembros del mismo.

6. Una representación de los concejales de los municipios del Estado, compuesta por:

a. dos (2) concejales en aquellos Estados que tengan hasta cinco (5) municipios;

b. Cuatro (4) concejales en los Estados que tengan entre seis (6) y once (11) municipios;

c. Seis (6) concejales en los Estados que tengan entre doce (12) y diecisiete (17) municipios;

d. Ocho (8) concejales en los Estados que tengan entre dieciocho (18) y veintitrés (23) municipios; y,

e. Diez (10) concejales en los Estados que tengan veinticuatro (24) o más municipios.

7. Una representación de la comunidad organizada de ámbito estadal, elegida de entre entidades, con personalidad jurídica, que lleven al menos un (1) año desarrollando su actividad, de acuerdo con la siguiente composición:

a. Un (1) representante de las organizaciones empresariales;

b. Un (1) representante de las organizaciones sindicales de trabajadores;

c. Un (1) representante de las organizaciones campesinas;

d. Un (1) representante de la comunidad universitaria;

e. Un (1) representante de las organizaciones de defensa del medio ambiente y del patrimonio histórico cultural;

f. Una representación de las organizaciones vecinales compuesta por: un (1) representante en aquellos Estados que tengan hasta cinco (5) municipios; dos (2) representantes en los Estados que tengan entre seis (6) y once (11) municipios; tres (3) representantes en los Estados que tengan entre doce (12) y diecisiete (17) municipios; cuatro (4) representantes en los Estados que tengan entre dieciocho (18) y veintitrés (23) municipios; y cinco (5) representantes en los Estados que tengan más de veinticuatro (24) municipios.

8. Un representante de las comunidades y pueblos indígenas, en los Estados donde los hubiere, elegido conforme a sus usos y costumbres según lo establecido en la ley correspondiente.

9. El Gobernador o Gobernadora podrá invitar a participar con derecho a voz, en cada reunión del Consejo Estadal, a los miembros de su tren ejecutivo que considere oportuno.

Competencias

Según el Artículo 9 de la Ley, las competencias de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas son las siguientes:

1. Discutir, aprobar y modificar el Plan de Desarrollo Estadal, a propuesta del Gobernador o Gobernadora, de conformidad con las líneas generales aprobadas por el Consejo Legislativo Estadal, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y del correspondiente Plan Nacional de Desarrollo Regional.

2. Establecer y mantener la debida coordinación y cooperación de los distintos niveles de gobierno nacional, estadal y municipal, en lo atinente al diseño y ejecución de planes de desarrollo.

3. Evaluar el efecto económico y social del gasto público consolidado en el Estado, de conformidad con los planes de desarrollo.

4. Evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Estadal a través de informes que deberán ser remitidos al Consejo Legislativo Estadal.

5. Formular recomendaciones y observaciones a los Planes de Desarrollo Local de acuerdo a los Planes de Desarrollo Estadal.

6. Emitir opinión sobre programas y proyectos presentados al Fondo Intergubernamental para la Descentralización por el Gobernador o la Gobernadora.

7. Proponer ante el Consejo Legislativo Estadal la transferencia de competencias y servicios desde los Estados hacia los municipios y comunidades organizadas.

8. Promover, en materia de planificación del desarrollo, la realización de programas de formación, apoyo y asistencia técnica al recurso humano institucional y a la comunidad organizada.

9. Dictar su propio Reglamento de Funcionamiento y de Debates.

10. Conocer el informe anual de gestión del Gobernador o Gobernadora.

11. Las demás que le sean asignadas por ley.

 

CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA

Los Medios de Participación Ciudadana a nivel Municipal

En cuanto a los medios de participación ciudadana (o del pueblo en ejercicio de su soberanía), de acuerdo con el artículo 257 Ley Orgánica del Poder Público Municipal (en lo sucesivo LOPPM), son aquellos a través de los cuales los ciudadanos pueden, en forma individual o colectiva, manifestar su aprobación, rechazo, observaciones, propuestas, iniciativas, quejas, denuncias y, en general, para expresar su voluntad respecto a asuntos de interés colectivo. Dichos medios de participación son, entre otros, los siguientes: los cabildos abiertos; las asambleas ciudadanas; las consultas públicas; la iniciativa popular; el presupuesto participativo; el control social; los referendos; la iniciativa legislativa; los medios de comunicación social alternativos; las instancias de atención ciudadana; la auto­gestión; y la cogestión.

El enunciado de estos medios específicos no excluye el reconocimiento y de­sarrollo de otras formas de participación en la vida política, económica, social y cultural del municipio.

En todo caso, los ciudadanos y sus organizaciones tienen el derecho y el deber de utilizar los medios de participación antes indicados; y los municipios están obli­gados a legislar acerca de los requisitos exigibles para demostrar el interés legítimo local de aquellos interesados en el ejercicio de alguno de estos medios de partici­pación, sin menoscabo de los derechos y limitaciones que establece la Constitución y la legislación aplicable (art. 262). En todo caso, los medios de participación de­ben ser desarrollados de acuerdo a la realidad y condiciones de cada municipio, mediante los instrumentos jurídicos correspondientes para señalar los requisitos, procedimientos, períodos, condiciones y demás elementos que se requieran para hacer efectivo su cumplimiento en el municipio, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley Orgánica y otras normas (art. 254).

El Presupuesto Participativo

De acuerdo con el artículo 268 LOPPM, el presupuesto participativo es el re­sultado de la utilización de los procesos mediante los cuales los ciudadanos del municipio proponen, deliberan y deciden en la formulación, ejecución, control y eva­luación del presupuesto de inversión anual municipal; todo ello con el propósito de materializarlo en proyectos que permitan el desarrollo del municipio, atendiendo a las necesidades y propuestas de las comunidades y sus organizaciones en el consejo local de planificación pública.

Los Consejos Locales de Planificación Pública

Los Consejos Locales de Planificación Pública son mecanismos de participa­ción ciudadana de rango constitucional (artículo 182). La Asamblea Nacional dictó en el año 2002 La Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública.

Nueva Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública

La nueva Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, fue publicada en la Gaceta Ofi­cial de la República Bolivariana de Venezuela n° 38.591 de 26 de diciembre de 2006.

Resulta pertinente sistematizar, sucintamente, las principales modificaciones introducidas en la nueva Ley:

-En primer lugar, destaca la reforma en cuanto a la confor­mación de los Consejos, pues los representantes han sido sustituidos por los lla­mados consejeros. Estos son representantes de organizaciones vecinales y comunitarias, sólo que, necesariamente, tales organizaciones deben estar integradas al Consejo Comunal respectivo.

Cabe aquí señalar, que el artículo 3.4 de la Ley derogada simplemente aludía a “el o los representantes de organizacio­nes vecinales de las parroquias, el o los representantes, por sectores, de las organizaciones de la sociedad organizada y el o los representantes de las comunidades o pueblos indígenas, donde los hubiere”. El artículo 4.1 de la nueva Ley, que incorpora la definición de organizaciones vecinales y comunitarias, acota que esas organizaciones deben estar “articuladas e integradas al Consejo Comunal respectivo”.

-En segundo lugar, y en relación con lo anterior, se modifica la forma de elec­ción de los consejeros de las organizaciones vecinales. Se suprime la elección dire­cta mediante “asambleas de las comunidades organizadas que hacen vida en el ámbito parroquial”, y se introduce una suerte de elección indirecta de elección mediante el voto de la “Asamblea Parroquial de voceros o voceras de los consejos comunales” (artículo 6.1). Esto es, que los consejeros no son electos directamente por los ciudadanos sino por un cuerpo colegiado -Ia llamada Asamblea Parroquial­- que estará compuesto por “un vocero o vocera de cada Consejo Comunal existente en la Parroquia y debidamente registrado ante la Comisión Presidencial del Poder Popular”. A nuestro entender, este mecanismo supone una inflexión al principio de elección directa que dimana de los artículos 2, 5, 6, 62 y 63 de la Constitución de 1999, lo que fuerza a la interpretación de esa norma en el sentido más favorable al derecho constitucional a elegir, directamente, a los mencionados consejeros.

-En tercer lugar, el artículo 8 prevé que no podrán postularse para ser conseje­ros o consejeras los funcionarios públicos o funcionarias públicas nacionales, esta­dales y municipales; para ello, deberán desincorporarse de sus funciones.

-En cuarto lugar, se ha establecido que las decisiones del Consejo Local de Planificación Pública se tomarán “por mayoría calificada de sus integrantes, con­formada por las dos terceras partes” (artículo 24). A diferencia de la Ley derogada, que preveía el quórum de decisión por la mayoría simple (artículo 18).

-En adición a ello, y en quinto lugar, se refuerza el carácter vinculante del Presupuesto de Inversión del Municipio aprobado por los Consejos, al atenuarse el control que puede ejercer el órgano legislativo municipal (artículo 39).

¿Qué son los Consejos Locales de Planificación?

De todo lo hasta ahora señalado, puede definírseles como los órganos encargados de la planificación integral del gobierno local, con el propósito de lograr la integración de las comunidades y grupos vecinales mediante la participación y el protagonismo dentro de una política general del Estado, de descentralización y desconcentración de competencias y de recursos, de conformidad con lo previsto en la Constitución vigente.

La norma que regula los consejos locales de planificación esta desarrollada en la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria Nº 38.591 del 26 de Diciembre de 2006.

Esta Ley establece las competencias y la manera de desarrollar la participación directa de los ciudadanos organizados y otras organizaciones, en la elección de sus representantes en los Consejos Comunales, Parroquiales y Municipales, para la aprobación de las propuestas y proyectos de inversión y en el seguimiento de la ejecución presupuestaria.

Finalidad de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública

Esta Ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de los Consejos Locales de Planificación Pública y su relación con las instancias de participación y protagonismo del pueblo.

Naturaleza de los Consejos Locales de Planificación

El artículo 2 de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, establece la naturaleza de éstos Consejos:

El Consejo Local de Planificación Pública es el órgano encargado de la planificación integral del municipio y de diseñar el Plan Municipal de Desarrollo y los demás planes municipales, garantizando la participación ciudadana y protagónica en su formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control, así como su articulación con el Sistema Nacional de Planificación, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.

El Consejo Local de Planificación Pública responderá a las características propias de cada municipio.

Funciones de los Consejos Locales de Planificación Pública

El artículo 10 de la Ley que los rige establece las funciones de los mismos, entre las cuales pueden citarse las siguientes:

-Impulsar la coordinación y participación ciudadana y protagónica en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan Municipal de Desarrollo, así como de otros planes, programas y acciones que se ejecuten en el municipio.

-Crear programas permanentes de capacitación, dirigidos a elevar el conocimiento del ciudadano o ciudadana acerca de las políticas públicas y el ejercicio de los poderes públicos.

-Garantizar que el Plan Municipal de Desarrollo esté debidamente articulado con el Plan Nacional, el Plan Estadal de Desarrollo y los planes comunitarios de desarrollo emanados de los consejos comunales.

-Formular y promover los proyectos de inversión para el municipio ante el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.

-Promover los procesos de descentralización y transferencias de servicios y competencias municipales a los consejos comunales y a las organizaciones vecinales, comunitarias y sectoriales.

-Emitir opinión razonada sobre las solicitudes presentadas en materia de transferencias de competencias que la Asamblea Nacional o el Consejo Legislativo Estadal acuerden hacia el municipio.

-Elaborar un registro de los consejos comunales de su jurisdicción, a los fines de procurar la articulación con el Sistema Nacional de Planificación.

-Promover y coordinar con los consejos comunales el diagnóstico participativo con el propósito de determinar las necesidades, problemas, potencialidades y aspiraciones del municipio, en cuanto a inversión se refiere.

-Garantizar que el proceso de formulación del presupuesto de inversión municipal se realice mediante el mecanismo del presupuesto participativo.

-Realizar seguimiento, evaluación y control a la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo.

BIBLIOGRAFÍA

Arismendi, A. (2006). Derecho Constitucional. Universidad Central de Venezuela, Instituto de Derecho Público.

Brewer C., y otros. (2007). Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Venezuela: Editorial Jurídica Venezolana.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 5.453, Fecha Marzo 24 de 2000.

Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.509, Fecha Agosto 20 de 2002.

Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. (2006). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Nº 38.591, Fecha Diciembre 26 de 2006.

Ley Orgánica de Planificación. (2001). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.554, Fecha Noviembre 13 de 2001

Ley Orgánica del Poder Público Municipal. (2005). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.204, Fecha Junio 8 de 2005.

Useche, J. (2004). La Participación Ciudadana en los Consejos Locales de Planificación Pública. Documento en línea, Disponible en: [http://servicio.cid.uc.edu.ve/derecho/revista/idc27/27-6.pdf]